El movimiento Mapuche y el Estado en el siglo XX
Entre la autonomía y la integración
Durante el siglo XIX Europa fue el ejemplo de la civilización humana. En este contexto, los chilenos cultos no valoraron la cultura indígena y consideraron el territorio mapuche como tierras vacías dispuestas para la colonización. En consecuencia, en 1866, se aprobaron las primeras leyes que permitieron la ocupación de la Araucanía. Junto a las tropas llegaron a las regiones del sur los agrimensores y los colonos. Sin embargo, debido a la gran presencia de indígenas, la idea de tierras vacías fue insostenible y se optó, entonces, por reducir el espacio ocupado por el pueblo mapuche. El sistema de radicación a la tierra por medio del cual se sometió a los indígenas provocó la crisis de la sociedad mapuche decimonónica. El asentamiento fue el principal factor que contribuyó a la constitución del minifundio mapuche pues las familias fueron creciendo y más personas debieron compartir los mismos espacios. Muchas tierras se degradaron, perdiendo su calidad y productividad.
El resto de la tierra ocupada militarmente fue sacada a remate por el Estado y utilizada por colonos chilenos y extranjeros para su aprovechamiento productivo. Otros espacios fueron obtenidos mediante presiones y artimañas legales. En las primeras décadas del siglo XX se perdieron los territorios de más de doscientas comunidades que tenían sus títulos de merced. Las tierras usurpadas fueron legalizadas en las oficinas de los conservadores de bienes raíces y notarías.
La ley indígena de 1927 terminó con el proceso de radicación y planteó la idea de dividir las comunidades entregando la tierra como propiedad particular. Los cincuenta años que van desde 1927 a 1968 estuvieron marcados por la discusión acerca de la división de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas. El conflicto se dio entre divisionistas y comunitaristas.
La cuestión mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuche que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron las tomas de terreno como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.
El gobierno militar, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como una única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena.
El año 1992 es clave en el desarrollo de las nuevas ideas mapuche. Con el retorno a la democracia comenzó la lenta tramitación de una ley indígena. Finalmente se logró llegar a consenso respecto a uno de los asuntos fundamentales: la defensa de las tierras aborígenes mediante un artículo que dispuso que no podían ser vendidas a personas no indígenas. A fines de 1993 fue aprobada la ley indígena por unanimidad. Esta ley creó la Corporación de Desarrollo Indígena.
A fines del siglo XX se desencadenó un nuevo conflicto entre los mapuche y las empresas forestales. Las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y por el contrario perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.
En los últimos años, el movimiento mapuche se ha conocido internacionalmente a raíz del contacto con otros pueblos, la participación en diversos organismos, foros y eventos internacionales y la difusión de sus problemas y acciones a través de internet. Los mapuche han participado directamente en grupos y comisiones de trabajo que se ocupan de los problemas indígenas a nivel global.
